Acceso a la información pública

La reciente condena de la Corte Interamericana de Derechos Humanos contra el Estado de Chile es un paso más dentro de muchos que debe dar el Estado para poder saber, por ejemplo, la declaración de patrimonio de Diputados y Senadores, más allá de algunos artículos de prensa que las publican. El que tiene información privilegiada posee una ventaja comparativa por sobre el que no puede acceder a ella. Si se habla de igualdad, canchas parejas y gobiernos ciuidadanos, sería bueno comenzar por cumplir la condena de la Corte y generar nuevas formas de acceso a la información pública para los ciudadanos, partiendo por facilitarla a los medios de comunicación masiva. Una columna de Juan Pablo Olmedo, presidente de la Fundación Proacceso y abogado que lideró la demanda contra el Estado de Chile ante la Corte. Publicada en Reportajes de El Mercurio. El Mercurio/Reportajes Domingo 15 de octubre de 2006

A propósito de una sentencia

Si Chile no cumple con estándares básicos que permitan el acceso a información pública a la ciudadanía podría ser cuestionado por estar impidiendo el desarrollo de un instrumento anticorrupción fundamental.

JUAN PABLO OLMEDO (Abogado y Presidente de ProAcceso)

El reciente fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en contra de Chile en el caso "Claude Reyes y Otros", originado por la negativa del Comité de Inversiones Extranjeras de entregar información ambiental, constituye un precedente notable al entender el derecho de acceso a información pública en su doble vertiente, como un derecho humano y como un componente esencial del fortalecimiento democrático. El fallo refuerza la noción de que las autoridades tienen la obligación de rendir cuenta ante la ciudadanía y, en tanto "representantes", requieren generar las condiciones para que la población pueda estar informada de los asuntos de interés público.

Es también un llamado de atención al Estado chileno de las prácticas de secreto de la gestión pública, constatación que presenta una valiosa oportunidad para promover una cultura de lo público como responsabilidad ciudadana y del Estado. La delegación de poder a nuestros representantes no implica ocultar información, y nuestro país está en condiciones de asumir un liderazgo claro que lo inserte definitivamente en una dinámica de gestión moderna y globalizada de los asuntos públicos.

Siendo la sentencia obligatoria, la respuesta del Estado de acatar y dar cumplimiento al fallo da cuenta de una coherencia y respeto hacia el Tribunal Regional. Ahora, corresponde cumplir con las reparaciones contenidas en el dictamen, debiendo emitirse un informe de avance en un plazo de seis meses.

El interés por el cumplimiento, por cierto, no se limita al ámbito del Sistema Interamericano de Protección Derechos Humanos, sino que se extiende e incide en la percepción del país por la comunidad internacional y las sociedades democráticas.

Así, por ejemplo, las políticas del Banco Mundial para el desarrollo de proyectos que financia incorpora salvaguardas, entre las cuales se encuentra la preocupación ambiental. Si el Banco Mundial advierte que el Estado no da cumplimiento a sus obligaciones en materia de acceso a información ambiental -como es aquella a que alude este caso-, podría, eventualmente, desestimar proyectos que pueden ser de alto interés para la nación.

Los tratados de libre comercio suscritos con diversos países, incluyendo los Estados Unidos, contienen disposiciones específicas vinculadas a la necesidad de elevar los estándares nacionales en materia de transparencia y acceso a información pública e instancias particulares de reporte. Igualmente, la OCDE incluye estándares de transparencia que serán considerados, dentro de otros, para determinar finalmente el ingreso del país como miembro pleno de la instancia.

De otro lado, la Convención Interamericana y de Naciones Unidas contra la Corrupción señala abiertamente que el derecho de acceso a información pública es un instrumento fundamental para prevenir la corrupción en el mundo. Si Chile no cumple con estándares básicos que permitan el acceso a información pública a la ciudadanía, podría ser cuestionado, por estar impidiendo el desarrollo de un instrumento anticorrupción fundamental. De hecho, cabe recordar que durante el año 2002, el Comité de Expertos de la Convención Interamericana contra la Corrupción ya había tomado nota de las deficiencias de la institucionalidad de acceso a la información pública y recomendado adoptar medidas.

Por último, en el marco de las competencias del recientemente creado Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, Chile deberá rendir examen y reportar respecto del cumplimiento de las obligaciones de respeto y protección de derechos humanos garantizados en la Carta de Naciones Unidas, entre las cuales se encuentra el derecho de acceso a información pública.

El fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y el efecto irradiante expresado muestra cómo el orden internacional es un poderoso estímulo para continuar y profundizar cambios a nivel nacional que favorezcan la participación plena del país al mundo global.

Por lo mismo, dentro de un plazo razonable, el Estado debe dar inicio a un proceso de reforma sustantiva de la institucionalidad legal, al diseño de los programas de educación de los funcionarios públicos y la promoción de prácticas respetuosas del derecho de acceso a información pública a todos los niveles del aparato estatal.

Tales medidas sólo pueden cumplirse mediante la revisión y formulación de la política sobre Ética Pública. En esto, el Gobierno debe responder al interés ciudadano que manifiesta el fallo, y no ser un espacio autónomo, lejano y aislado. Es recomendable que junto a la urgencia dada a la reforma legislativa en curso, el Gobierno convoque, consulte y rinda cuenta a la ciudadanía y los actores sociales interesados a un proceso de deliberación sobre la mejor forma de cumplir el fallo, dando así una muestra inmediata del cambio cultural que se exige.