Promoción de la transparencia

La creación del Instituto de la Promoción de la Transparencia por parte del ejecutivo, cuya función es fiscalizar y controlar la administración del Estado, fomentando la transparencia en la función pública, es un avance considerable en materia de acceso a la información pública en Chile, especialmente luego del fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en esta materia. Juan Pablo Olmedo, presidente de la fundación Proacceso, analiza en esta columna publicada ayer en El Mercurio los alcances de esta nueva institución. Lunes 8 de enero de 2007 Promoción de la transparencia Juan Pablo Olmedo Presidente Fundación Proacceso El Mercurio/Editorial

La exclusiva confianza del Presidente de la República socava la independencia del presidente del Instituto en la resolución de las reclamaciones individuales de acceso a información pública.

Mediante indicación sustitutiva Nº 523-354 de fecha 6 de diciembre de 2006, el Ejecutivo remitió a la Cámara de Diputados un estatuto de acceso a información pública que reemplaza el proyecto actualmente en discusión de los senadores Hernán Larraín y Jaime Gazmuri.

La indicación representa un avance sustantivo al considerar la creación de un órgano funcionalmente autónomo denominado Instituto para la Promoción de la Transparencia, con facultades de fiscalización y control respecto de la Administración del Estado, cuya función principal será promover la transparencia de la función pública, fiscalizar el cumplimiento de las normas sobre transparencia y publicidad y garantizar el derecho de acceso a la información en casos concretos frente al rechazo por parte de la Administración del Estado de solicitudes de acceso por razones de afectación grave del funcionamiento del órgano, derechos de terceros y el interés y la seguridad nacional, todas definidas en el artículo 8 de la Constitución Política.

Atendida la urgencia dada a la tramitación de la iniciativa legal, resulta útil llamar la atención de algunos aspectos de la institucionalidad propuesta con miras a favorecer un debate público informado.

En materia de acceso a información pública, el Grupo de Trabajo sobre Probidad y Transparencia convocado por la Presidenta de la República sugirió en su informe de noviembre pasado la creación de un órgano autónomo e independiente, con alcance a todos los órganos del Estado, ojalá de rango constitucional, cuya jefatura se realizara a propuesta presidencial y aprobación por una mayoría de dos tercios del Senado, y cuyo directivo superior sólo pudiera ser removido por causales estrictas y aprobadas por dos tercios del Senado.

El Instituto propuesto en la indicación sustitutiva se define como un órgano funcionalmente autónomo con competencias respecto de la Administración del Estado que no alcanzan al Congreso y al Poder Judicial. Su conducción superior corresponderá a un Consejo Directivo, integrado por un consejero designado y de exclusiva confianza del Presidente de la República, quien lo presidirá y tendrá dedicación exclusiva. Asimismo, lo formarán cuatro consejeros, personas de reconocido prestigio en materias relativas a la gestión pública, propuestos por el Presidente con aprobación de dos tercios del Senado, función que se realiza en términos parciales y es compatible con la militancia pasiva en los partidos políticos. En materia de protección del derecho de acceso a información pública, la entidad conocerá de las reclamaciones de los ciudadanos frente a negativas de acceso a información pública. Sus resoluciones son obligatorias y podrán ser impugnadas por los interesados ante la Corte de Apelaciones respectiva, recurso que se extiende también respecto de los servicios públicos en caso de resoluciones que acceden a solicitudes de acceso vinculadas a la seguridad y al interés nacional.

La exclusiva confianza del Presidente de la República socava la independencia del presidente del Instituto en la resolución de las reclamaciones individuales de acceso a información pública. La dedicación parcial de los consejeros puede también atentar en contra de una pronta respuesta a las peticiones de acceso. Por último, la facultad de los servicios públicos de cuestionar judicialmente las resoluciones del Consejo favorables al acceso a información pública en asuntos sensibles afecta su autonomía e imperio frente a la Administración del Estado.

No obstante las atribuciones que la iniciativa confiere al Instituto para promover los estándares de transparencia activa de la Administración del Estado, en los términos expuestos, la institucionalidad no resulta suficiente para revertir las prácticas de reserva estatal y dar protección efectiva al derecho de acceso a información pública.

Recayendo el ejercicio de las atribuciones y competencias del Instituto en el ejercicio del derecho fundamental al acceso a la información pública (conforme lo señalara la Corte Interamericana de Derechos Humanos en reciente fallo en contra del Estado de Chile), la institucionalidad propuesta debe revisarse y complementarse con miras a fortalecer su papel de protección del derecho de acceso a información pública -es de esperar-; en los términos propuestos por el Grupo de Trabajo sobre Transparencia y Probidad, es decir, mediante la creación de una entidad autónoma, independiente y que abarque a todos los órganos del Estado.