Dar para recibir

Dar para recibirArturo Arriagada I. Escuela de Periodismo Universidad Diego Portales

La Ley de Acceso a Información Pública (LAIP)- que está próxima a votarse en el Congreso- puede ser un gran aporte a la consolidación democrática del país. Ella incluye la creación de organismos que fomentan la transparencia en los organismos públicos, pero también cae en vicios que impiden resolver los problemas de información que afectan a los chilenos.

Si cualquier ciudadano quiere saber en qué invierten sus recursos los hospitales públicos, lo más probable es que nadie les pueda contestar. Menos las autoridades del área. Lo mismo ocurre si queremos solicitar a un ministerio un listado de las reuniones que han tenido los ministros con empresarios en los últimos meses. La falta de información y de mecanismos que permitan acceder a ella, se convierten en una gran piedra de tope para ciudadanos interesados en el quehacer de sus autoridades y el destino de los recursos públicos.

Si el gobierno no se encarga de fomentar y difundir la LAIP entre los chilenos, seguirá existiendo una desconocida brecha de desigualdad: la que discrimina entre aquellos ciudadanos que poseen información y los que, además de no tenerla, tampoco tienen acceso a ella. Para ello es necesario que exista una entidad independiente encargada de fiscalizar, por ejemplo, a miembros del poder legislativo y judicial. Hasta hoy son los propios senadores o jueces los que tienen sus páginas Web para rendir cuentas públicas sobre su patrimonio, pero quién sabe sobre la veracidad de esos datos, las reuniones que tienen para beneficio personal, las sociedades y negocios en los que son parte, las universidades que los acogen como profesores, etc.

Por ello la LAIP contempla la creación de un Consejo para la Transparencia cuyo rol principal será, entre otras cosas, decidir la entrega de información solicitada a un organismo público. El problema surge cuando este Consejo  - cuyos miembros serán propuestos por la Presidenta al Senado- muestra rasgos en su constitución que lo asemejan al directorio de TVN. Ya sabemos que este tipo de modelos fomentan los cuoteos políticos. Con ello, no necesariamente estarán los mejores tomando decisiones claves para el desarrollo del sistema democrático. Por esto, los miembros del Consejo para la Transparencia debieran ser elegidos por concurso público.

Si quiere que en Chile existan personas más informadas, el gobierno debe generar las instancias necesarias de capacitación para que los organismos públicos contesten las solicitudes de los ciudadanos, de manera clara y precisa, sin depender necesariamente de Internet. Si bien más chilenos tienen acceso a esta tecnología, no todos están conectados. Si el gobierno quiere ser más transparente, también tiene que hacer más accesible Internet a los ciudadanos. Además, la información entregada por organismos públicos también debe ser legible para cualquier mortal, sin caer en tecnicismos que sólo confunden.

Pero terminar con esta desigualdad de información también exige una mayor presencia y participación de los medios de comunicación. Si bien ellos responden a intereses comerciales e ideológicos en un contexto de mercado, también son actores políticos cuyo rol es fiscalizar el quehacer de autoridades públicas y empresas. Para esto se requiere de mecanismos transparentes y efectivos que permitan hacer más accesible la información desde organismos públicos hacia ciudadanos que desconfían de sus instituciones. Mientras más importancia adquieren los medios en el acceso a información política de los ciudadanos, más crucial es su influencia sobre la calidad de la democracia.

El mayor desafío que tiene hoy la Concertación, es generar mejores mecanismos de transparencia en los organismos públicos. La LAIP es un gran paso, pero insuficiente si se cae en vicios como el cuoteo político y la burocracia en la entrega y calidad de la información pública. Para dar, hay que recibir. Si quieren votos, den la información necesaria para que los ciudadanos decidan con todas las cartas sobre la mesa.